El onus probandi o carga de la prueba

El onus probandi o carga de la prueba es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba”.

En nuestro Ordenamiento rige el principio de justicia rogada (art. 216 LEC “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”) y de aportación de parte que rige nuestro sistema procesal, son las partes las que tienen la carga de acreditar los hechos que guarden relación con la tutela judicial que pretendan obtener en el proceso (art.281.1LEC).

La carga de la prueba es uno de los grandes principios de nuestro Derecho Procesal y se encuentra dentro de la Tutela Judicial Efectiva del art. 24 de la CE (el proceso probatorio debe tener todas las garantías legales. Por lo tanto, ha de permitir a las partes proponer con total y absoluta libertad medios de pruebas útiles y pertinentes).

Es importante recalcar útiles y pertinentes ya que no se configura como un derecho absoluto (solo pruebas que sean útiles y pertinentes).

Pero la carga de la prueba no es un derecho absoluto, para que una prueba sea aceptada debe cumplir una serie de requisitos. Debe ser procedente y admisible en el proceso debiendo reunir requisitos que la LEC concreta en su legalidad, licitud, pertinencia y utilidad.

A modo de ejemplo, cito la STS 15/9/2015:

Esta Sala ha afirmado en sus sentencias núms. 231/2009, de 3 abril y núm.183/2009 de 27 de marzo, que “la prueba ha de guardar relación con el objeto del proceso y ha de ser pertinente, esto es, legítima y relevante.

Por ello, es fundamental la licitud de las fuentes de prueba ya que las que se hubieran obtenido ilícitamente no pueden producir en el proceso efecto alguno. Como aparece en el art. 11.1 LOPJ “no surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

En cuanto a la pertinencia, la prueba ha de guardar relación con la cuestión que sea objeto de debate en el proceso, de no ser así, resulta impertinente.

Además de pertinente, la prueba ha de ser útil (utilidad), es decir, idónea y eficaz para esclarecer los hechos controvertidos. SAP Barcelona 7/3/2013.

El objeto de la prueba es según el art. 281.1 de la LEC “la prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda en el proceso”. Lo que debe probarse son las afirmaciones efectuadas por las partes. Dichas afirmaciones no necesitarán ser probadas si se admiten por la parte contraria o si gozan de notoriedad absoluta.

La regla general es que la carga de probar un hecho incumbe al que lo afirma no al que lo niega.

La carga de la prueba se puede entender en un doble sentido:

  • Sentido formal: la carga de la prueba se refiere a quién debe probar la cosa.
  • Sentido material: quién debe soportar las consecuencias por su falta de prueba.

Frente a la regla general anteriormente expuesta, se encuentra “la inversión de la prueba”, en materia de responsabilidad por riesgo, la jurisprudencia afirma que acreditada por el actor la realidad de un resultado dañoso, se produce la inversión de la prueba por la cual no corresponde al demandante que sufrió el daño por una actuación culpable del demandado, sino que corresponde al demandado demostrar que obró con la diligencia que le era exigible.

Excepciones a la regla general:

  • 217.4 LEC: “en los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente”.

 

  • 217.5 LEC: “De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad…”.

 

  • 217.6 LEC: “Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes”.

Ejemplos de este último punto:

  • La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, art. 1, establece que el conductor del vehículo a motor es el responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de este.

 

  • La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguros, que incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos asegurados dentro de la póliza (art. 38.2).

 

  • La Ley 17 /2001, de 7 de diciembre, de Marcas, art. 58: «en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas».

 

  • Y por último un ejemplo que esta muy de moda en la actualidad, es el referente al Derecho del Consumidor, artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece el régimen general de responsabilidad: «Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio».

 

La LEC en su artículo 299 establece un gran elenco de medios de prueba de los que se podrá hacer uso en juicio: 1) Interrogatorio de las partes, 2) Documentos públicos, 3) documentos privados, 4) Dictamen de peritos, 5) Reconocimiento judicial y 6) Interrogatorio de testigos. Aunque estos medios no pueden suponer un impedimento para la admisión de otros medios que induzcan una certeza fáctica. Por ello, se incluyen: 7) Los medios de reproducción de la palabra, sonido, imagen y operaciones matemáticas; y 8) Cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores por el que pudiera obtenerse certeza sobre los hechos relevantes.

Entre los medios de prueba solía incluirse tradicionalmente las presunciones. Ya que el Código Civil mencionaba las presunciones en su art. 1255 (precepto derogado por la LEC 2000). Ahora dichas presunciones están recogidas en los arts. 385 y 386 de la LEC. La presunción, sea legal o judicial, no dispensa por completo de la prueba.