Noticias

El paso previo a la interposición de la demanda, la Papeleta de Conciliación ante el CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación).

¿Es obligatoria o voluntaria la presentación de la papeleta de conciliación?

Hay que dejar claro que la presentación de la papeleta de conciliación, es obligatoria para la posterior tramitación del proceso laboral, salvo en los casos expresamente exceptuados en la Ley.

¿Qué Plazos tenemos para interponer la papeleta de conciliación?

Los plazos derivan de la naturaleza del procedimiento. Por ejemplo, en caso de despido, la papeleta de conciliación debe interponerse bajo pena de caducidad, en el plazo de 20 días hábiles desde la fecha del despido.

Otro caso, es el procedimiento de reclamación de cantidad, en el que la papeleta ha de interponerse en el plazo de un año, bajo de pena de prescripción.

¿Qué efecto tiene la presentación de la papeleta de conciliación?

El efecto que produce la presentación de la papeleta de conciliación, es que interrumpe la prescripción y suspende la caducidad, pero ésta, por un plazo máximo de 15 días.

Por ello, es importante tener claro los plazos, ya que a veces el CMAC señala en un plazo más lejano y por lo tanto deberemos interponer la demanda antes de que acabe el plazo.

¿Qué ocurre si no acude la parte demandada al acto de conciliación?

Si el CMAC le ha notificado correctamente la solicitud de conciliación y pese a ello esta parte no comparece al acto de conciliación, si en el procedimiento judicial posterior se gana lo solicitado en la papeleta de conciliación, la parte demandada puede ser condenada a pagar los honorarios de abogado o graduado social hasta un límite de 600 euros.

¿Y si no acude la parte demandante al acto de conciliación?

Si el demandante no acude al acto de conciliación, se le tendrá por desistido con el consiguiente archivo del expediente. Todo ello, implica que el demandante pierde el derecho a interponer una futura demanda.

¿Cómo puede finalizar el acto de conciliación?

El acto de conciliación puede acabar de tres formas:

  1. Acto intentado sin efecto: ocurre cuando no comparecen al acto de conciliación la parte demandante o la parte demandada.

 

  1. Con avenencia: cuando comparecen las dos partes y se llega a un acuerdo. Por lo tanto, se desiste de la futura acción judicial.

 

  1. Sin avenencia: cuando acuden las dos partes, pero no se llega a un acuerdo. Por lo tanto, se tendrá intacto el derecho a interponer una demanda judicial.

 

Es importante recordar que los acuerdos que se alcancen en el acto de conciliación constituyen un título con fuerza ejecutiva.

El Tribunal Supremo Unifica Doctrina a la hora de cuantificar la indemnización por Daños Morales

En lo laboral, cuando se produce una discriminación o lesión de Derechos Fundamentales u otras libertades públicas, produciendo así un Daño Moral, deriva la obligación de resarcir por los daños causados. Con el gran problema que se encontraban los abogados, jueces y demás participantes en estos procedimientos eran las dudas que surgían respecto de estas indemnizaciones, debido a que éstas tienen una difícil valoración ya que nadie reacciona igual ante un hecho negativo. Algunas de estas dudas eran ¿Hasta dónde se debe indemnizar y en qué cuantía? Y sobre todo ¿Cómo realizar esta cuantificación?

Hasta hace relativamente poco, los criterios de los tribunales para determinar dichos daños morales han sido variados a lo largo del tiempo, provocando así gran indeterminación e inseguridad entre reclamantes y reclamados.

Por todo lo expuesto, es de suma importancia la Sentencia Unificadora de Doctrina del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2017, por la que aclara el criterio que debe seguirse.

Dicha Sentencia trata:

En el caso enjuiciado, un empleado miembro del comité de empresa había sido despedido por entender la Entidad que había declarado falsamente, como testigo, en un juicio. El empleado pedía que el despido se declarara nulo y aparte exigía 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, basando la cantidad en lo fijado por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

El juzgado de lo Social dio la razón al empleado en sus dos pretensiones, mientras que el El TSJ Galicia por su parte, revocó la indemnización, manteniendo la declaración del despido como nulo.

La cuestión que le tocó dilucidar al Tribunal Supremo, ante estas dos sentencias contradictorias, se basaba en determinar si para obtener la indemnización de daño moral basta con solicitarla de manera poco detallada, cuando ha quedado acreditada la vulneración del derecho fundamental que le daría origen.

En la Sentencia el TS establece dos criterios importantísimos a la hora de resolver este tipo de procedimientos:

  1. El TS entiende que para fijar el quantum indemnizatorio se permite como criterio orientativo los de la LISOS (Ley Sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) para fijar los daños morales. El TS, da esta respuesta tras analizar la evolución doctrinal sobre la indemnización por daño moral derivado de la vulneración de los Derechos Fundamentales.

 

  1. El TS establece que los demandantes deben expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y la cuantía pretendida especificando los daños y perjuicios. Pero cuando ante daños morales y resulte difícil estimarlos con detalle, los criterios para determinar la indemnización, se deben flexibilizar.

La excusa absolutoria del art. 268 del CP

Artículo 268 del Código Penal

“1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

  1. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito..

El artículo habla de cónyuge, pero ¿Qué ocurre con la excusa absolutoria en los delitos patrimoniales con personas unidad por una relación de afectividad semejante a la del matrimonio?

Para contestar a esta pregunta, es muy importante hablar del Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2005. Que establece que los efectos del art. 268 del CP son aplicables a las relaciones estables de pareja ya que estas son asimilables a la relación matrimonial.

Esta idea es desarrollada por reiterada jurisprudencia como la STS de 11/04/2005 por el ponente Julián Artemio Sánchez Melgar.

Analizándolo fríamente no es de extrañar dicha tendencia a igualar las situaciones estables de afectividad al matrimonio, ya que son numerosas las modificaciones del Código Penal que han venido equiparando la situación legal del matrimonio a aquellas personas ligadas por análoga relación de afectividad (arts. 23; 57; 173.2; 424; 443; 444; 454).

El artículo 454 del Código Penal es bastante ilustrativo, ya que establece una excusa absolutoria para los encubridores haciéndose eco concretamente de este tipo de relación análoga a la matrimonial.

Pero realmente ¿Á que se debe esta excusa absolutoria no señalada expresamente en el art. 268 del CP? En primer lugar, la respuesta se fundamenta en que la interpretación legal es distinta en cuanto beneficia al acusado que en aquello que lo perjudica “odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda”. En segundo lugar, es que la realidad social ha producido una evolución en la familia actual, por lo que la excusa absolutoria del art. 268 del CP radica en que el legislador ha buscado el respeto al ámbito familiar.

Volviendo al art. 268 del CP, tras aclarar qué ocurre con las relaciones estables de afectividad similar al matrimonio. Surge una pregunta muy importante ¿Cómo es la interpretación del art. 268 del CP es extensiva o restringida?

La respuesta es claramente que hay que realizar una interpretación restrictiva. Por ejemplo, esta excusa absolutoria no es aplicable a la “estafa de autos” y a supuestos similares, como se aprecia en numerosa jurisprudencia:

  • STS 112/2008 de 6 de febrero: “… el recurrente faltó a la verdad al declarar a los compradores que estaba legitimado, aportando una certificación falsa, para vender la vivienda, consiguiendo de los compradores la entrega del dinero, con lo que el alcance del engaño se extiende a otras personas distintas a aquella que era titular de parte de las acciones de la sociedad a cuyo nombre estaba la vivienda (la esposa) y todo ello impide la aplicación de la excusa absolutoria que se postula”.
  • STS 91/2005 de 11 de abril: “en cuanto al delito de hurto (que se comete en el interior de un armario de la vivienda que ocupan ambos), no hay inconveniente alguno, por concurrir todos los elementos que se describen en el aludido art. 268 del CP. No así, por el contrario, en el continuado delito de estafa, porque en éste, el engaño se ha proyectado sobre una tercera persona, la entidad financiera recurrente, la cual, además, se ha declarado por la sentencia recurrida como responsable civil subsidiaria de la infracción penal. De modo que en este caso no concurre el requisito de que la infracción se cometa exclusivamente entre los favorecidos por tal excusa absolutoria, sino que su trascendencia a terceras impide dicha apreciación”.

El aforamiento en las causas penales, ¿es un derecho o privilegio?

En mi opinión creo que el aforamiento es un privilegio pues entra en contradicción con el artículo 14 de la CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y por lo tanto de existir debería ser algo muy excepcional cosa que no pasa actualmente en España.

En España hay unos 250.000, de ellos unos 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (estatales y autonómicos), 5 de la Familia Real y los demás unos 17.600 aforados se reparten en políticos (2300), miembros de la carrera judicial (jueces 5400) y fiscal (fiscales 2550) y demás instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas como el defensor del pueblo.

  • Alemania; cero personas aforadas, ejemplo de ello es que ya sentó en el banquillo al ahora ex-presidente Christian Wulf por cohecho en 2012.
  • Portugal e Italia; donde solo tiene esta protección judicial el presidente de la República.
  • Estados Unidos; todos son procesados por tribunales ordinarios (Desde el presidente hasta el último juez). No obstante, nunca ha habido procesos penales contra un presidente, ya que Richard Nixon dimitió antes de que se materializara la acusación de obstrucción a la justicia (caso Watergate).
  • Francia; gozan de esta protección el presidente, el primer ministro y su Gobierno.

Creo que esta opinión es el sentir no solo de la inmensa mayoría de las personas de a pie, sino también de lo altos cargos de la justicia española. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dijo que en España “hay un exceso de aforamiento que no está justificado” y que el legislador “debería tenerlo en cuenta” para plantear las reformas oportunas.

Y ahondando en la opinión de Carlos Lesmes: “El aforamiento es una excepción al principio de igualdad en la aplicación de la Ley” y, por tanto, «todo lo que determina un privilegio debe tener un carácter excepcional» porque supone «una cierta anomalía del sistema procesal español». Sin embargo, también opina que hay casos en los que el aforamiento está justificado.

Ya sabemos cuantos aforados hay en España, pero ¿Qué es un aforado?

Un aforado es aquel que tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal distinto (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al del resto de ciudadanos si se le imputa por un delito, gracias a su cargo público o profesión.

En España uno de los casos más sonados en los que se aprecia el aforamiento es el proceso de la Gürtel, donde La investigación llevó a implicar al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino por delitos fiscales y cohecho.

Por último, veremos las normas que recogen el aforamiento en el Ordenamiento Jurídico Español:
Art. 57. 1 LOPJ: (Para el Tribunal Supremo, Sala II)

  1. “De la instrucción y enjuiciamientode las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los estatutos de autonomía.
  2. De la instrucción y enjuiciamientode las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia”.

Art. 73. 3 LOPJ para los Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Civil y Penal):

  1. “El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
  2. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo”.

Además de estos, existen otros aforamientos como:

Art. 8 Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Los miembros de Fuerzas y Cuerpos del Estado no son enjuiciados por faltas por Jueces de Paz sino siempre por Jueces de Instrucción.

Art. 56. 3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (no podría ser juzgado ni siquiera en el caso de flagrante delito).

Art. 71 de la Constitución: “1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3.En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras”.

El onus probandi o carga de la prueba

El onus probandi o carga de la prueba es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba”.

En nuestro Ordenamiento rige el principio de justicia rogada (art. 216 LEC “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”) y de aportación de parte que rige nuestro sistema procesal, son las partes las que tienen la carga de acreditar los hechos que guarden relación con la tutela judicial que pretendan obtener en el proceso (art.281.1LEC).

La carga de la prueba es uno de los grandes principios de nuestro Derecho Procesal y se encuentra dentro de la Tutela Judicial Efectiva del art. 24 de la CE (el proceso probatorio debe tener todas las garantías legales. Por lo tanto, ha de permitir a las partes proponer con total y absoluta libertad medios de pruebas útiles y pertinentes).

Es importante recalcar útiles y pertinentes ya que no se configura como un derecho absoluto (solo pruebas que sean útiles y pertinentes).

Pero la carga de la prueba no es un derecho absoluto, para que una prueba sea aceptada debe cumplir una serie de requisitos. Debe ser procedente y admisible en el proceso debiendo reunir requisitos que la LEC concreta en su legalidad, licitud, pertinencia y utilidad.

A modo de ejemplo, cito la STS 15/9/2015:

Esta Sala ha afirmado en sus sentencias núms. 231/2009, de 3 abril y núm.183/2009 de 27 de marzo, que “la prueba ha de guardar relación con el objeto del proceso y ha de ser pertinente, esto es, legítima y relevante.

Por ello, es fundamental la licitud de las fuentes de prueba ya que las que se hubieran obtenido ilícitamente no pueden producir en el proceso efecto alguno. Como aparece en el art. 11.1 LOPJ “no surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

En cuanto a la pertinencia, la prueba ha de guardar relación con la cuestión que sea objeto de debate en el proceso, de no ser así, resulta impertinente.

Además de pertinente, la prueba ha de ser útil (utilidad), es decir, idónea y eficaz para esclarecer los hechos controvertidos. SAP Barcelona 7/3/2013.

El objeto de la prueba es según el art. 281.1 de la LEC “la prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda en el proceso”. Lo que debe probarse son las afirmaciones efectuadas por las partes. Dichas afirmaciones no necesitarán ser probadas si se admiten por la parte contraria o si gozan de notoriedad absoluta.

La regla general es que la carga de probar un hecho incumbe al que lo afirma no al que lo niega.

La carga de la prueba se puede entender en un doble sentido:

  • Sentido formal: la carga de la prueba se refiere a quién debe probar la cosa.
  • Sentido material: quién debe soportar las consecuencias por su falta de prueba.

Frente a la regla general anteriormente expuesta, se encuentra “la inversión de la prueba”, en materia de responsabilidad por riesgo, la jurisprudencia afirma que acreditada por el actor la realidad de un resultado dañoso, se produce la inversión de la prueba por la cual no corresponde al demandante que sufrió el daño por una actuación culpable del demandado, sino que corresponde al demandado demostrar que obró con la diligencia que le era exigible.

Excepciones a la regla general:

  • 217.4 LEC: “en los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente”.

 

  • 217.5 LEC: “De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad…”.

 

  • 217.6 LEC: “Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes”.

Ejemplos de este último punto:

  • La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, art. 1, establece que el conductor del vehículo a motor es el responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de este.

 

  • La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguros, que incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos asegurados dentro de la póliza (art. 38.2).

 

  • La Ley 17 /2001, de 7 de diciembre, de Marcas, art. 58: «en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas».

 

  • Y por último un ejemplo que esta muy de moda en la actualidad, es el referente al Derecho del Consumidor, artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece el régimen general de responsabilidad: «Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio».

 

La LEC en su artículo 299 establece un gran elenco de medios de prueba de los que se podrá hacer uso en juicio: 1) Interrogatorio de las partes, 2) Documentos públicos, 3) documentos privados, 4) Dictamen de peritos, 5) Reconocimiento judicial y 6) Interrogatorio de testigos. Aunque estos medios no pueden suponer un impedimento para la admisión de otros medios que induzcan una certeza fáctica. Por ello, se incluyen: 7) Los medios de reproducción de la palabra, sonido, imagen y operaciones matemáticas; y 8) Cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores por el que pudiera obtenerse certeza sobre los hechos relevantes.

Entre los medios de prueba solía incluirse tradicionalmente las presunciones. Ya que el Código Civil mencionaba las presunciones en su art. 1255 (precepto derogado por la LEC 2000). Ahora dichas presunciones están recogidas en los arts. 385 y 386 de la LEC. La presunción, sea legal o judicial, no dispensa por completo de la prueba.